De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en América Latina hay 85 millones de personas con discapacidad (PcD). Ellos sufren exclusión, invisibilidad, limitado acceso a oportunidades y al goce de sus derechos a causa de las múltiples barreras con las que se enfrentan todos los días.  La realidad es que las personas no son discapacitadas, lo que discapacita son esas múltiples, variadas y extendidas barreras: actitudinales, de infraestructura, comunicacionales, sociales, concepto este que queda claramente plasmado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2006 cuando en su artículo 1ro define “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” 1 ese mismo artículo habla de los derechos humanos de las PcD y la accesibilidad, es uno de ellos.  Explica Jenny Morris, “una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consiste en una serie de escalones, es una discapacidad. Una incapacidad de hablar es una deficiencia pero la incapacidad para comunicarse porque las ayudas técnicas no están disponibles, es una discapacidad. 2 ”. Así queda evidenciado el rol que cumple la accesibilidad en el normal desarrollo y goce de los derechos fundamentales por parte de las PcD. En América Latina existen numerosas legislaciones que promueven la accesibilidad, las mismas están en línea con estándares internacionales, convenciones y tratados pero, desafortunadamente, no se aplican. ¿Qué es la accesibilidad? La accesibilidad es la cualidad que genera la capacidad de disfrutar, comprender, usar, tomar, gozar, entender, visitar. Algo accesible para las personas con discapacidad debe brindar seguridad, confort, equidad y autonomía. La accesibilidad promueve el sentimiento de dignidad. Para un usuario de silla de ruedas, por ejemplo, la accesibilidad es mucho más que una rampa. En el caso de infraestructura, para que un edificio sea accesible debe permitir a la persona entrar, circular, permanecer y salir. El concepto “circular” hace referencia a que los espacios deben contener las medidas necesarias para que la persona usuaria de silla de ruedas pueda maniobrar de manera cómoda y segura. El concepto “permanecer” implica que el edificio sea usable, que tenga, por ejemplo, un sanitario accesible. Aún hoy y a expensas de la gran cantidad de información disponible sobre la problemática, las personas con discapacidad se ven inmersas en lo que se denomina el “ciclo de invisibilidad 3 ”. Esto genera exclusión. Todavía hay muchas PcD que no salen de sus casas porque “el mundo les es inaccesible”. Un usuario de silla de ruedas no sale de su casa porque las aceras no están en condiciones óptimas para su desplazamiento seguro y autónomo. Los sistemas de transportes no cuentan con la accesibilidad necesaria. Los espacios educativos no son inclusivos porque no están preparados para hacer los ajustes necesarios para la integración de las PcD. Los entornos no son accesibles y esta situación excluye. La persona con discapacidad queda aislada, encerrada. Como no logra salir a la calle su realidad no es socializada, el problema de la falta de accesibilidad no es tomado en cuenta como un problema social, no se los considera parte de la comunidad. Al no hacerse manifiesta la problemática, no tienen acceso a bienes y servicios y se reproduce la idea de que no hay como incluirlos en la sociedad. A pesar de constituir el 15% de la población nunca logran ser parte de la Agenda de Gobierno como consecuencia de este ciclo de invisibilidad. Así el statu quo de marginación se perpetúa y sus consecuencias se profundizan. Cambiar esta situación es urgente y para ello el rol de la juventud es central. Los jóvenes deben ser promotores de la equidad, del derecho a acceder a la educación, a desplazarse en espacios públicos, a acceder a información, a la igualdad de oportunidades. Los jóvenes deben ser guardianes de estos acuerdos internacionales y leyes nacionales que promueven y protegen los derechos de las minorías, de los sectores más vulnerables. Los jóvenes agentes de cambio hoy tienen el poder de modificar y transformar esta realidad a través de la agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo sostenibles 10 “Reducción de las desigualdades” y 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” representan una oportunidad concreta para desarrollar acciones en pro del derecho a la accesibilidad que impacten positivamente en las personas con discapacidad y promuevan mayor equidad para todos los sectores de la sociedad.